Luis Brunati (especial para ARGENPRESS.info)

¿Que es? ¿Cuales son sus objetivos? ¿Cuales son sus exigencias? ¿Quienes facilitaron
su aprobación? Posibles derivaciones y consecuencias.

Que es “la reforma política”

En sus orígenes, fines de 2007, intentó ser un proyecto de reforma al Código Electoral Nacional, impulsado al calor del amplio triunfo electoral de Cristina Fernández de Kirchner, quien duplicó en votos a Elisa Carrió.
En teoría, el proyecto procuraba hacer más simple, económico, moderno y transparente el vetusto sistema electoral argentino y de paso, taparle la boca a la oposición, con respecto a las numerosas denuncias de irregularidades que acompañaron aquellas elecciones.
En base a esas ideas, pero en el marco de un gran desprestigio, el gobierno resucitó y apresuró el tratamiento de la “reforma” como un intento desesperado para favorecer la reelección de Néstor Kirchner en una carrera contra el reloj, pues el 3 de diciembre habría de perder su mayoría en el Congreso, a raíz de la incorporación de los nuevos legisladores.
Con el acelerador a fondo, el oficialismo hizo aprobar la iniciativa el 18 de noviembre en diputados, el 2 de diciembre en senadores y el 14 de diciembre fue publicada en el Boletín Oficial, con el veto presidencial de dos artículos, como Ley 26.571.
Objetivos de la reforma
Combina dos objetivos. Uno de ellos en el plano local y de utilidad tanto para la UCRL como el PJ, razón por la cual también se la conoce como Pacto de Olivos 2. En el caso del radicalismo le permitiría superar la diáspora impulsando una reunificación y en el caso del justicialismo favorecer las chancees reelectivas de Néstor Kirchner para el 2011.
El segundo objetivo, en línea con los intereses del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norte América, es “evitar la fractura del bipartidismo en América Latina”. Este objetivo, de gran importancia para el país del Norte y los intereses del “sistema” ha sido expresado recientemente en varios documentos, dado que la “indisciplina” de varios países de la región, como son los casos de Bolivia, Brasil, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Paraguay, etc., se halla directamente relacionada con el surgimiento de terceras opciones.
Como es y en que consiste la reforma
El proyecto original fue tomado de la propuestas de Orlando J Ferreres, viceministro de economía de Carlos Menem ligado al Grupo Bunge & Born, pero incluyo tantas modificaciones destinadas fundamentalmente a cerrarle el camino a Solanas (el único que continúa creciendo en las encuestas), que terminó convertido en un hibrido prácticamente irreconocible y de muy difícil aplicación.
En su origen preveía un sistema de elecciones primarias similar al de los EE. UU., trasformado aquí en “internas abiertas simultáneas y obligatorias”. Para lograr ingresar en esas primarias se fijan requisitos que solo dejarían en pié al PJ y la UCR, eliminando al 98% de los partidos, incluyendo a los propios aliados k, que participan de las reuniones de oposición a la reforma, pero tienen temor a firmar los documentos y recursos judiciales que se vienen presentando.
La ley no solo no incorpora ningún elemento de economía, modernización ni transparencia, además de no incorporar siquiera la boleta única, (en América Latina solo resistida por Uruguay y Argentina), sino que encarece el sistema obligando a la ciudadanía a votar en las internas del PJ y la UCR, además de prácticamente impedir la participación de los pequeños partidos.
Sin pretender reivindicar el sistema electoral norteamericano, se debe señalar que en ese país ni siquiera las elecciones generales son obligatorias y su legislación no impide la participación de partidos pequeños, como es el caso de los partidos Libertario, Verde y de la Constitución entre otros. El bipartidismo de los Estados Unidos es consecuencia de la preeminencia de los dos partidos mayoritarios, Demócrata y Republicano, y no una realidad forzada por ley.
“Reforma Política” viola la Constitución Nacional, los principios más elementales del estado de derecho y hasta el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero el veto presidencial de Cristina a los artículos 107 y 108 de la Ley 26.571 en favor de su esposo, la convierten en un verdadero bochorno más propio del fascismo o el feudalismo que del sistema republicano.
Quienes apoyaron la reforma
Aunque la reforma solo favorece a la UCR y el PJ, el gobierno logró 106 votos a favor, sumando al Frente Para la Victoria; numeroso votos de la derecha y centro derecha. 6 del Frente Cívico por Santiago; 3 de la Concertación; 3 del Movimiento Popular Neuquino; 2 del Partido Renovador Salteño; 2 de la Corriente Peronista Federal (ex Unión-PRO); 2 de Unión Peronista (Beatriz Halack y Jorge Montoya, peronistas disidentes); uno del Peronista Federal (el periodista Arturo Heredia) y uno de Claudio Morgado (su compañera de bloque, Silvia Vázquez, votó en contra). Además, el Gobierno contabilizó el respaldo de bloques unipersonales como el cordobés ex radical Francisco Delich, el ex arista fueguino Leonardo Gorbacz; el peronista misionero Emilio Kakubur; el jujeño ex K Mario Martiarena; el catamarqueño Eduardo Pastoriza; la ex pattista Adriana Tomaz, la ex menemista Paola Spatola y el exmacrista Eduardo Lorenzo “Borocotó”.
Posibles derivaciones y consecuencias
La normativa vulnera los más elementales preceptos constitucionales y principios básicos del estado de derecho.
Si al perjuicio ocasionado a la casi totalidad de partidos políticos, tradiciones, culturas democráticas y los derechos humanos se añade que la medida de corte neofascista es acentuada por el veto de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, muy probablemente en beneficio del Diputado Nacional y Presidente Consorte Néstor Kirchner, se concluye un grotesco de proporciones, propio del feudalismo y que hace dudar de incluso la posibilidad de atravesar con éxito los estrados judiciales.
Cuanto antes advierta y corrija sus errores el gobierno, menor habrá de ser el costo a pagar y menor la erosión al sistema democrático.
De persistir en la aplicación de la Reforma Electoral en los términos de que expresa la Ley y el sostenimiento del veto, aún llegando a atravesar con resultado favorable la instancia judicial, lo más probable es que se termine desembocando en una grave abstención de la ciudadanía y consecuencias imaginables.

Tal como sucediera con “la distribución de la renta” en la 125, el “tren bala”, la “nacionalización” de Aerolíneas y el Fondo del Bicentenario, entre otras iniciativas del gobierno, una retórica patriótica ha servido para camuflar negocios personales, la defensa de intereses neocoloniales y la violación de la Constitución Nacional y los derechos humanos, integralmente considerados.

 

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